| La
Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, andar,
es un esfuerzo que vincula a organizaciones y personas, principalmente
de los ámbitos de la salud, el derecho y la educación,
con el propósito de fortalecer el ejercicio de los
derechos sexuales y los derechos
reproductivos de todas las personas en México.
Los derechos sexuales garantizan a todas
las personas el acceso a una educación sexual respetuosa
y oportuna, e información fidedigna y clara sobre la
sexualidad y su ejercicio. Asimismo, establecen que toda persona
tiene derecho a decidir libremente el momento y la persona
con la que tendrá relaciones sexuales, por lo que nadie
puede obligar a otra persona a tenerlas en contra de su voluntad.
Entre las diversas formulaciones acerca de los derechos sexuales
está la del Grupo Internacional de activistas "Hera"
(Johannesburgo, 1996) y la Declaración de los Derechos
Sexuales (Valencia, 1997). Consciente de que estos conceptos
siguen en construcción, andar
adopta de estas dos formulaciones los siguientes aspectos:
asegurar que nadie sufra discriminación por su orientación
sexual, que toda persona ejerza libremente su sexualidad,
exenta de violencia, y que reciba servicios de salud sexual
de alta calidad, así como orientación y atención
médica oportuna para prevenir o tratar infecciones
de transmisión sexual u otros padecimientos sexuales.
Los aspectos esenciales de los derechos reproductivos
ya se encuentran consignados en el artículo 4°
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que señala:
"...Toda persona tiene derecho a decidir de manera
libre, responsable e informada sobre el número
y espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho
a la protección de la salud..."
El
acuerdo internacional sobre los derechos reproductivos se
encuentra en el Programa de Acción adoptado en la
Conferencia sobre la Población y el Desarrollo, convocada
por las Naciones Unidas (El Cairo, 1994), mismo que suscribió
el gobierno de México. Dicho programa señala
que los derechos reproductivos:
"[...] se basan en el reconocimiento del derecho
básico de todas las parejas e individuos a decidir
libre y responsablemente el número de hijos, el
espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre
éstos y a disponer de la información y los
medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más
elevado de salud sexual y reproductiva. También
incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la
reproducción sin sufrir discriminación,
coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido
en los documentos de derechos humanos..."
No obstante estas declaraciones, en nuestro país
aún es incipiente el reconocimiento y respeto de
estos derechos, tanto por parte de autoridades como por
profesionales de la salud, la educación y responsables
de la elaboración de leyes y la procuración
de justicia.
La
dignidad humana exige que se respete por igual la conciencia
y la libertad de toda persona. Eso significa, llanamente,
que nadie puede decidir por otra persona ni imponerle sus
creencias o convicciones.
Si
se parte del principio indiscutible de que todas las personas
valen lo mismo, se llega a la conclusión de que todas
tienen el mismo derecho a conducir su vida de la manera
que elijan, respetando el derecho de las demás, es
decir, respetando el Estado de Derecho que presupone el
acatamiento de los derechos humanos. Así, para que
cada persona pueda ejercer su libertad básica se
requieren dos condiciones imprescindibles:
• que la ley sea respetuosa de los derechos humanos
y acatada por todas las personas, y
• que no haya dominio improcedente; es decir, que
ni el gobierno, ni las iglesias, ni otras instancias de
la sociedad se inmiscuyan arbitrariamente en la vida y
las decisiones de las personas, quienes en el ejercicio
de sus derechos deben ser respetuosas de los derechos
de las demás.
La intimidad es el ámbito de las decisiones personales
fundamentales, especialmente las relativas a la sexualidad
y a la reproducción. Las garantías individuales
consagradas en la Constitución son el marco del que
se desprenden los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Estas garantías incluyen a la libertad de conciencia
y el derecho a la privacidad, y la obligación del
Estado de proveer a las personas diversos satisfactores,
entre los que se encuentran la protección a su salud
y una educación laica.
Por
lo anterior, los integrantes de la Alianza Nacional por
el Derecho a Decidir, andar,
nos comprometemos a trabajar por la vigencia y respeto de
los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, a
promover su ejercicio, a difundir información confiable,
fidedigna y rigurosa sobre los mismos, y a denunciar públicamente
la violación a estos derechos, desde nuestros ámbitos
de acción particulares.
El respeto a la libertad ajena es, tal vez, la aspiración
ética más difícil de alcanzar. Para
afirmar la dimensión ética de
la vida humana, es imprescindible exigir el respeto a la
libertad sexual y reproductiva de todas las personas.
México, noviembre del 2002
|